Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Como responsable y autor de Infoconsolas, una web dedicada a la historia y actualidad de los videojuegos, siempre evito mezclar temas tan polémicos pero a la vez tan presentes como puede ser la política, ya que para esto ya hay otras muchas webs que harían mucho mejor que nosotros. Pero como ya dije una vez en esta misma página, cuando la política se mete en tu casa, es inevitable hablar de política…

El pasado viernes el gobierno aprobó el proyecto de Ley de Economía Sostenible, el cual incluye la denominada “Ley Sinde” (Ley Antipiratería), la cual permite bloquear las webs que infrinjan los derechos de autor, pero con un importantísimo matiz: Los responsables de decidir si una web esta infringiendo los derechos de autor será una Comisión de Propiedad Intelectual creada para lo ocasión, la cual será la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de autor…

La conocida cita de “tomarse la justicia por su cuenta” nunca había tenido una muestra tan clara y lamentable por parte de quienes en teoría, deben velar por nuestros derechos. Con la experiencia vivida ya respecto a la SGAE, ¿Qué confianza nos puede dar esa nueva Comisión de Propiedad Intelectual?

Dicho esto, desde Infoconsolas nos oponemos firmemente a la implantación de dicha ley, ya que para algo gozamos en la actualidad de un sistema judicial perfectamente capacitado para juzgar si una web cumple o no cumple la ley de los derechos de autor. Por lo tanto, nos suscribimos sin duda alguna al siguiente manifiesto:

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.